La medida se adoptó en decenas de instituciones educativas en la provincia de Mendoza.

Al menos 25 escuelas secundarias de la provincia de Mendoza aplicaron esta semana un protocolo excepcional de seguridad tras una serie de amenazas de tiroteos, en un contexto que generó fuerte preocupación en la comunidad educativa.

Tal como informáramos, la “ola” de amenazas en el país vecino comenzó la semana pasada y rápidamente se trasladó a nuestro país. El fenómeno obedecería a la difusión de un reto viral surgido en la red social TikTok.

La medida, dispuesta por la Dirección General de Escuelas (DGE) de esa provincia argentina y, hasta nuevo aviso, habilitó a los centros a restringir el ingreso de mochilas. Por ello, se permitió a los estudiantes llevar solo útiles básicos, como carpetas y cartucheras. El objetivo de la medida es reducir riesgos ante posibles episodios de violencia y, al mismo tiempo, sostener la continuidad de las clases.

La directora de Educación Secundaria de la DGE, Cecilia Páez, explicó que el protocolo vigente faculta a los equipos directivos a tomar este tipo de decisiones cuando existe una amenaza concreta. En ese sentido, defendió la postura de no suspender la actividad.

“Si el miedo nos paraliza, gana la conducta transgresora”, dijo la funcionaria en declaraciones recogidas por la televisora local Canal 8.

Entre las medidas adoptadas se incluyeron inspecciones en aulas, baños y espacios comunes antes del inicio de la jornada, así como ingresos supervisados en distintos centros educativos. En algunas instituciones, además, se dispuso la presencia de efectivos policiales en los accesos para aportar mayor tranquilidad a las familias.

Pese a los esfuerzos oficiales, el impacto fue significativo. En departamentos como Maipú y Las Heras se registraron niveles de ausentismo de hasta un 70%, ya que muchos padres optaron por no enviar a sus hijos a clase tras conocer las amenazas, difundidas principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

En paralelo, las autoridades informaron avances en la investigación: hasta el momento, hay tres menores identificados por su presunta participación y uno de ellos, de 17 años, fue imputado.

Desde el gobierno provincial advirtieron que estos hechos no quedarán sin consecuencias. Los padres de los responsables podrían ser obligados a asumir los costos de los operativos de seguridad, mientras que los estudiantes involucrados enfrentan sanciones disciplinarias severas e incluso posibles medidas judiciales.

La investigación, a cargo de Delitos Tecnológicos, continúa con el rastreo del origen de los mensajes difundidos en plataformas como TikTok y Telegram, con el objetivo de determinar responsabilidades y descartar vínculos con organizaciones más amplias.

Finalmente, desde la DGE insistieron en la importancia del rol de las familias en la prevención. El protocolo incluye recomendaciones orientadas a reforzar el diálogo en el hogar y el seguimiento de las actividades de los adolescentes, especialmente en el uso de redes sociales, como herramienta clave para evitar este tipo de situaciones.