Oddone y Castillo presentaron el proyecto al Frente Amplio. Pereira defendió la iniciativa y dijo que sería “bravo votarlo en contra”.
Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentaron este martes ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio los detalles del proyecto de ley que permitiría jubilarse de forma anticipada a partir de los 60 años, con al menos 30 años de aportes.

La iniciativa, que surge de las recomendaciones del Diálogo Social, busca ofrecer una alternativa a quienes no puedan continuar trabajando hasta los 65 años, edad de retiro establecida por la reforma de la seguridad social de 2023.

Tras el encuentro, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió la propuesta y cuestionó la posibilidad de que la oposición no acompañe su aprobación en el Parlamento.

“Parto de la base de que es bravo votar en contra de este derecho. Yo no sé qué van a hacer, pero me imagino que debe haber legisladores reflexionando”, sostuvo Pereira.

El dirigente consideró que sería difícil justificar un voto contrario al proyecto. “Decirle a la gente que no se va a poder jubilar a los 60 años, aunque esto no tenga ningún costo fiscal o el costo fiscal sea muy bajo, no sé cómo van a hacer para fundamentarlo”, afirmó.

La propuesta no modificaría la edad normal de jubilación, que seguiría siendo de 65 años, sino que incorporaría una nueva posibilidad de retiro anticipado para quienes cumplan con los requisitos.

Oddone explicó que el acceso a esta causal sería una decisión individual y no dependería del nivel de ingresos ni de la actividad laboral que haya desarrollado cada persona. Tampoco sería necesario demostrar que se perdió el empleo o que existen dificultades físicas para continuar trabajando.

Sin embargo, el monto de la jubilación dependería de la edad a la que se decida abandonar la actividad. El proyecto mantendría incentivos económicos para quienes posterguen su retiro hasta los 65 años.

No habría un monto fijo para quienes opten por jubilarse anticipadamente. La prestación se calcularía según los años trabajados, los ingresos registrados y la edad de retiro, y podría incluir los componentes correspondientes al BPS, las AFAP y el suplemento solidario.

En el caso de las personas de menores ingresos, el gobierno busca que las prestaciones sean iguales o incluso superiores a las que podían obtener antes de la reforma previsional de 2023.

Oddone señaló que el diseño protegería especialmente al 30% más vulnerable de quienes se jubilan, mientras que para el 70% restante se mantendrían mayores incentivos para continuar trabajando hasta los 65 años.

“Si una persona llega a los 60 años y pierde su trabajo, o está en condiciones físicas de no poder realizarlo, va a tener la oportunidad de retirarse anticipadamente”, explicó el ministro.

Según sus estimaciones preliminares, unas 5.000 personas por año estarían comprendidas en el grupo más vulnerable considerado en los cálculos del gobierno.

Otra de las condiciones del proyecto es que quienes se jubilen anticipadamente no podrían seguir trabajando mientras cobren esa prestación. En cambio, quienes se retiren a los 65 años mantendrían la posibilidad de combinar la jubilación con una actividad laboral, tal como establece la legislación vigente.

Este punto generó cuestionamientos desde la oposición, ante la posibilidad de que algunas personas continúen trabajando de manera informal para complementar sus ingresos.

Oddone reconoció que la informalidad laboral entre los mayores de 60 años ronda el 40% y admitió que el nuevo régimen no resolvería ese problema.

Si bien consideró que la medida no incentivaría el trabajo informal, sostuvo que la oposición tiene “un punto que puede ser considerado” y que sería necesario abordar la situación mediante otros mecanismos.

El proyecto también propone modificar la forma en que se actualiza el suplemento solidario, un complemento destinado a mejorar las jubilaciones más bajas. La intención es establecer un criterio general para sus ajustes y evitar que el Poder Ejecutivo deba decidir en cada oportunidad qué índice utilizar.

Además, incorpora cambios para quienes acceden a prestaciones por incapacidad permanente y elimina determinados plazos para reconocer años de trabajo anteriores a 1996.

En cuanto al costo de las modificaciones, las proyecciones del Banco de Previsión Social (BPS) difundidas por el Ministerio de Economía estiman un costo máximo anual equivalente al 0,16% del PIB entre 2040 y 2045, que disminuiría progresivamente hasta desaparecer a largo plazo.

Por su parte, Pereira aseguró que la iniciativa representa el cumplimiento de uno de los compromisos electorales del Frente Amplio.

“Estamos cumpliendo con lo que le prometimos a la sociedad uruguaya”, expresó, aunque aclaró que el objetivo no es promover que todas las personas se jubilen a los 60 años.

“Estamos promoviendo que la gente se jubile a los 65 años con la mayor cantidad de derechos posibles, pero estamos generando una causal anticipada”, sostuvo.

El dirigente también reconoció que existen tensiones entre el oficialismo y la oposición, aunque aseguró que se buscarán acuerdos durante la discusión parlamentaria.

“Yo creo que la ley tiene una tal rigurosidad que los cambios van a ser menores, pero siempre vamos a estar abiertos a conversar”, afirmó.

Por último, Castillo adelantó que las autoridades continuarán presentando el proyecto a las organizaciones sociales que participaron del Diálogo Social, mientras que Oddone anunció que antes del 30 de noviembre el Poder Ejecutivo presentará otra iniciativa relacionada con el régimen de ahorro previsional administrado por las AFAP.