Es la primera restricción en la causa contra el exvocero. Los denunciantes pedían su detención, pero fue descartada por el fiscal y el juez.

El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó este viernes que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni notifique previamente a la Justicia cualquier intención de salir del país, para que los tribunales evalúen “la pertinencia y razonabilidad” de cada viaje. 

La resolución llega en un contexto con particular relevancia: tras su renuncia a la coordinación del gabinete del presidente Javier Milei, habían trascendido versiones periodísticas de que Adorni había deslizado a su entorno intenciones de irse a vivir a Uruguay. Según consignó Infobae, la medida fue dispuesta a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio del exvocero.

Aunque el fiscal descartó que exista peligro de fuga o que Adorni haya entorpecido la causa, consideró que la notificación previa era prudente dada la etapa de la investigación. El abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, había informado a la Justicia que su cliente se encuentra en el país y no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el corto plazo.

Los denunciantes —el abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano— habían solicitado la detención de Adorni o, en su defecto, la prohibición de salida del país y la retención del pasaporte. Tanto el fiscal como el juez rechazaron esos planteos. Para descartar la detención, Pollicita tuvo en cuenta que el exfuncionario no opuso reparos ni dilaciones en la causa, y que no influyó en la declaración del contratista Matías Tabar, quien remodeló su casa en el country Indio Cuá por al menos US$ 245.000.

En las próximas semanas, Adorni deberá dar sus primeras explicaciones formales en los tribunales: el fiscal prepara un requerimiento de justificación patrimonial basado en un informe financiero que determinará si su fortuna tiene inconsistencias. Públicamente, el exvocero afirmó tener US$ 500.000 en negro que alguna vez fueron criptomonedas, versión que aún no fue verificada judicialmente. Si ese descargo no disipa las sospechas, el siguiente paso sería una declaración indagatoria.

Tres empleados de la Vocería Presidencial declararon esta semana que le prestaron su nombre o sus tarjetas de crédito a Adorni para realizar compras millonarias sin dejar rastro, lo que habría servido para esconder gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.