La mujer tiene antecedentes por violencia doméstica, actuó con conciencia y voluntad y nunca mostró arrepentimiento, según la acusación.

La Fiscalía pedirá 45 años de pena para la mujer de 22 años acusada de matar a golpes a una de sus hijas mellizas, de 9 meses, y de herir gravemente a la otra en Tacuarembó, en junio de 2025. El pedido se conoció en el marco del juicio oral contra la madre, que permanece en prisión preventiva.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), la fiscal de Tacuarembó de 2º turno, Luciana Jesús, confirmó que solicitará 30 años de penitenciaría y 15 años adicionales de medidas eliminativas de seguridad. La acusación es por dos delitos de homicidio especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito continuado de violencia doméstica, en calidad de autora y en régimen de reiteración real.

Las niñas fueron llevadas por su madre a la emergencia del Hospital de Tacuarembó en la mañana del sábado 21 de junio de 2025. Una de ellas llegó casi sin signos vitales, con múltiples fracturas de cráneo y hematomas en todo el cuerpo, y murió pese a los intentos de reanimación. Su hermana presentaba erosiones, golpes, arañazos y sangrado por la nariz y la boca, y fue internada en el CTI pediátrico, donde logró sobrevivir.

De acuerdo con la investigación, las niñas vivían en un contexto de violencia constante, con bofetadas, largos períodos de llanto sin atención y ausencias de la madre durante horas, incluso de noche. La mujer, además, tenía antecedentes por violencia doméstica contra su propia madre.

Para la fiscal, la acusada tuvo plena responsabilidad sobre lo ocurrido. Jesús admitió que el consumo de estupefacientes pudo haber influido, aunque aclaró que eso no la exime. La mujer “actuó totalmente con conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo”, sostuvo la fiscal, quien agregó que “en ningún momento” mostró arrepentimiento. “Es una persona sumamente violenta”, afirmó.

La investigación también reconstruyó los antecedentes del embarazo. Según declaró la propia mujer, fue producto de una relación ocasional e intentó abortar en varias oportunidades. Tampoco concurrió a los controles de un embarazo considerado de riesgo ni a la cesárea programada. “Fue un embarazo que no fue controlado”, dijo la fiscal.

La defensa, a cargo del defensor público Joaquín Gamba, se apoya en dos ejes. Por un lado, cuestiona la actuación del Estado: la Policía de Tacuarembó tomó contacto con la situación el 19 de junio y el INAU intervino formalmente el 20, un día antes de los hechos, pero según el defensor no se adoptaron medidas urgentes para separar a las niñas de su madre.

Por otro, plantea el estado de salud mental de la mujer, con antecedentes psiquiátricos, descompensación emocional, consumo de sustancias y una situación de extrema vulnerabilidad social. Durante el juicio se prevé incorporar nuevas declaraciones y pericias. Una vez concluido, el tribunal deberá evaluar las pruebas y los planteos de ambas partes antes de dictar sentencia.