En Uruguay existen entre 1200 y 1300 hogares para personas de la tercera edad, pero solo 202 están habilitados.
Los datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística (Ine) realizado en 2023 mostraron que la población mayor a 60 años representa el 20% de la población uruguaya, mientras que las personas que superan los 65 años equivalen al 15,8%.
En diálogo con Montevideo Portal, la diputada del Partido Colorado, Nibia Reisch, contó que propuso un proyecto de ley que busca “tipificar como delito el maltrato a las personas mayores, y ahí entra el abuso de todo tipo, físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial” y añadió que la tipificación busca alcanzar situaciones que se den en una vivienda o en un hogar. El proyecto también pretende “la inhabilitación por 10 años para trabajar en tema de cuidados de personas” para aquellas personas que cometen estos actos.
Reisch afirmó que en Uruguay existen entre 1200 y 1300 hogares para personas de la tercera edad, y agregó que “de esos 1200, 1300 hogares solo 202 están habilitados y hay unas 5000 personas que se encuentran en esos centros”.
La diputada Reisch también recordó entre otros, el caso del hogar de ancianos ubicado en el departamento de Florida, el que, según relató, el 26 de febrero fue clausurado luego de que una residente que había sufrido maltratos “logró escaparse del lugar cuando no la tenían encerrada” y agregó que la víctima había estado en el hogar durante tres o cuatro meses.
“La tenían trancada, debía hacer tareas en el centro y en la casa de la dueña del establecimiento. También había sufrido la dislocación del hombro y no la habían tratado, y se comprobó que en el hogar no tenían alimentación adecuada ni les daban medicamentos”, explicó la diputada colorada.
La diputada sostuvo que se busca “penar específicamente estas acciones porque son personas que están en situación vulnerable y tenemos un debe como Estado”. Y agregó que, para este tipo de delitos, se busca que la pena alcance de seis meses de prisión a tres años de penitenciaria. El proyecto fue propuesto en marzo de 2025 y en la actualidad se encuentra en la comisión de constitución.
