El caso no resulta aislado en la zona. Se trata de una modalidad que se extiende en la capital, y que ahora llega a más barrios.
Por Joaquín Symonds
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Luis Vicente Sánchez llegó hace ocho años a Uruguay desde República Dominicana. Dada su expertise en construcción, y tras un tiempo en el que logró obtener la documentación, comenzó a trabajar en el rubro.
La regularización le permitió, además, comenzar a estudiar en UTU. En la sede de Paso Molino cursó tres años de Deportes y Recreación. Al terminar sus estudios, inició una relación con Bárbara Mieres, uruguaya, con quien tuvo un hijo, que actualmente tiene un año.
Con el paso de los meses, la pareja decidió instalarse en un terreno del asentamiento San Miguel, en Santa Catalina, al oeste de Montevideo. La compra del terreno fue a un conocido del hombre. Vicente logró terminar la casa luego de largas jornadas que se extendían hasta la noche, lo que implicaba un doble cansancio, ya que también cumplía con sus ocho horas de trabajo.
La familia no estaba exenta de la inseguridad que sufre Montevideo, que se ha extendido por varias zonas de la capital a lo largo de, al menos, los últimos diez años, dejando atrás la idea de que los hechos de violencia ocurren únicamente en algunas zonas.
Pero la realidad golpeó a la familia. El 19 de marzo de 2026, la pareja y el bebé regresaban a su casa. Ya en el interior —la madre con el bebé en brazos y Vicente en el living—, comenzaron a escuchar balazos.
Foto: cedida a Montevideo Portal
“No es que nunca hayamos escuchado tiros en la zona, pero sentíamos ruidos, como ladrillos que se rompían, y nos dimos cuenta de que estaban baleando la casa”, dijo Vicente a Montevideo Portal.
Una de las balas rozó a Bárbara, quien atinó a apartar al bebé para protegerlo. Ninguno llegó a tirarse al piso ni a salir corriendo: quedaron paralizados en medio de la habitación.
Dos hombres en una moto, a unos 30 metros de la vivienda: eso fue lo que vio Vicente. El recuerdo es difuso, pero asegura que tiene la imagen de los cascos alejándose tras cumplir con el ataque.
La primera decisión fue hacer la denuncia; la segunda, que su hijo y su pareja abandonaran la vivienda. Vicente quedó solo, a la espera de una respuesta de las autoridades.
Antes de tener novedades policiales, el 21 de marzo apareció otra moto con dos hombres armados. La historia se repitió, pero el mensaje fue más claro: se acercaron a la vivienda y dispararon directamente contra los vidrios y la puerta principal.
Tras algunos minutos, observaron por una de las ventanas y, al no ver movimiento, se retiraron. Vicente estaba en el interior, escondido. Esa fue la última vez que estuvo en su casa: se fue con lo puesto.
Modalidad extendida
Técnicamente, la familia de Vicente fue desplazada de manera forzosa por delincuentes, que presuntamente utilizan la vivienda para su provecho o como punto de venta de drogas.
La Dirección de Inteligencia de la Policía ha elaborado informes en los que señala que este fenómeno, extendido en Montevideo, responde a que el asentamiento se ubica en una zona estratégica para el accionar del narcotráfico.
En primera instancia, existen varias vías de escape por Camino Burdeos y Camino Dellazoppa. Además, Santa Catalina no es una zona señalada públicamente por altos índices de conflictos o homicidios, lo que reduce el foco mediático.
El barrio está a pocos kilómetros de Cerro Norte, Casabó y La Paloma, zonas donde bandas delictivas —como los clanes de los Suárez o los Colorados— han tomado control de bocas de droga y se disputan el territorio.
En el asentamiento San Miguel viven alrededor de 400 familias. El caso de Vicente no es aislado. En una recorrida por la zona, una vecina del lugar, que se identificó como María Dolores, relató que a dos cuadras de su casa “pasó lo mismo”.
“Son los Suárez, que bajan de Cerro Norte para acá. Mi hijo los conoce y ha hablado con ellos. Quieren que el asentamiento sea de ellos. Si los dejan, esto pasa a ser una villa de ellos”, afirmó.
En varios de los casos que llegaron a conocimiento de la Policía, quienes abandonaron las viviendas poseen antecedentes penales, por lo que se presume que se trata de disputas internas.
En la zona, la Policía registra una sola denuncia: la de Vicente. Sin embargo, consta que se trata de una modalidad extendida, actualmente bajo estudio de las autoridades.
Uno de los informes de Inteligencia señala: “No sería disparatado pensar que en ese territorio de Montevideo los propios actores de las bandas de narcotraficantes se estén quitando las viviendas entre sí para ganar más territorio o reforzar su poderío armamentístico”.
Vicente volvió hace unos días al frente de su casa para ver si había alguien. Permaneció varias horas observando la fachada y vio a una mujer instalada en el interior.
Durante ese tiempo, la mujer —de unos 30 años— limpió el frente, alimentó a unos perros y se sentó en un sillón a usar su celular. La puerta seguía trancada como cuando la familia se fue, por lo que la nueva ocupante utiliza la ventana para entrar y salir.
