El hombre, conocido en Montevideo por el rubro del comercio, no se puede mover en determinados lugares porque activa alarma policial.
Un empresario presentó ante la Justicia una denuncia dado que, pese a dos órdenes judiciales, sigue con una tobillera electrónica. El hombre, del rubro del comercio en Montevideo, está a la espera de que la Policía actúe para quitarle el dispositivo, que además sigue activo.
El hombre, quien prefirió mantenerse en reserva por su actividad comercial, comentó que además de presentarse en sedes policiales y judiciales llamó reiteradas veces a la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) para que le retiraran la tobillera.
“Mi hija me pregunta cuándo me lo van a sacar. Es horrible, porque pese a tener las dos órdenes del juez, no me puedo mover porque cometo un delito”, comentó el individuo.
El empresario fue condenado, a través de un proceso abreviado, por un delito de desacato. De hecho, reconoce que cometió el ilícito y por eso accedió a la pena que le propusieron las autoridades.
El abogado del hombre, Marcos Pacheco, comentó que la discusión no gira en torno al proceso penal al que se enfrentó su cliente, sino que existen dos resoluciones judiciales firmes que no se han cumplido.
“Es una tobillera que, no solo no se la han sacado, sino que sigue funcionando pese a que hay una orden de retiro”, añadió el penalista.
Pacheco sostuvo que esta situación implica ciertas restricciones a la libertad del empresario, por ejemplo, ir a trabajar porque en los lugares establecidos por las autoridades, la tobillera emite una señal de alerta.
“Cuando esto pasa, desde Dimoe se comunican para que se aleje o que directamente abandone el lugar”, dijo el defensor y consideró que el caso abre un debate constitucional.
Entiende que podrían verse comprometidos derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay, entre ellos la libertad personal, la libertad ambulatoria, la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de separación de poderes.





