La dirigente del Partido Nacional Valeria Ripoll confirmó que recibió una llamada telefónica del presidente de la República, Yamandú Orsi, luego de la agresión que sufrió junto a su hija Celeste frente a su vivienda, en Montevideo. Además, reclamó que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) traslade el Hogar Magnolia, ubicado junto a su domicilio.
El episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando un grupo de adolescentes residentes del establecimiento habría arrojado piedras contra la vivienda y posteriormente agredido físicamente a Ripoll y a su hija. La joven sufrió una lesión en la zona de la clavícula.
La dirigente realizó una denuncia formal ante la Fiscalía y las lesiones fueron constatadas médicamente. El caso quedó a cargo del fiscal de Adolescentes de segundo turno, Pablo Rivas.
LLAMADA DEL PRESIDENTE
Según relató Ripoll, Orsi se comunicó telefónicamente con ella el mismo viernes para interiorizarse sobre lo ocurrido. Sin embargo, señaló que el mandatario desconocía los detalles de la agresión, su vinculación con el INAU y las denuncias que ya se habían presentado anteriormente.
También indicó que el presidente le manifestó que se comunicaría con las autoridades del organismo.
Por otra parte, el sábado recibió una llamada de la presidenta del INAU, Claudia Romero, quien expresó su solidaridad y lamentó lo sucedido. Según Ripoll, desde el organismo le comunicaron que estaban buscando medidas alternativas.
EXIGE EL TRASLADO DEL HOGAR
Ripoll fue contundente al reclamar que el Hogar Magnolia deje de funcionar en esa ubicación.
«Evidentemente, lo que estamos planteando es que ya se pasó todo límite», expresó, al cuestionar el funcionamiento del establecimiento y la actuación de sus funcionarios durante los incidentes.
La dirigente sostuvo que el INAU no está garantizando la seguridad de los vecinos y denunció que los episodios de violencia, amenazas y lanzamiento de piedras se vienen repitiendo desde hace tiempo.
También afirmó que la situación representa un riesgo para las propias adolescentes, debido a los problemas de control y permanencia fuera del establecimiento.
«Estas instalaciones no pueden estar más acá por el bien nuestro, pero también por el bien de las chiquilinas», manifestó.
La investigación fiscal continúa en curso, mientras Ripoll insiste en que el traslado del hogar es necesario para evitar nuevos episodios de violencia.
